El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que entre sus objetivos incluye prohibir la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares en colegios e institutos.
No obstante, el texto aprobado este miércoles en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara –que pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria– no especifica los límites de dichas sustancias para cada alimento, que deberán fijarse posteriormente durante su desarrollo normativo.
Esta medida ha sido transaccionada por todos los grupos salvo por el PP, ya que como ha destacado su diputado Ángel Pintado, «no hay alimentos buenos ni alimentos malos» sino que se debe abordar la dieta de los escolares en su conjunto para que ésta sea equilibrada.
COMBATIR LA OBESIDAD CRECIENTE
El objetivo final de esta ley es reforzar la vigilancia en todo lo relacionado con los alimentos y combatir la obesidad creciente en España, sobre todo en niños, cuya prevalencia está por encima del 30 por ciento.
Para ello, y según ha destacado el diputado del PSOE, Alberto Fidalgo, el texto aprobado en la Cámara Baja es «equilibrado, práctico y realista», ya que incorpora enmiendas de todos los grupos e incide en la prevención «incorporando hábitos de vida más saludables».
La ley también hace alusión a los menús escolares, donde también debe limitarse el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas trans, sales y azúcares.
Igualmente, los centros escolares proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre las calorías y nutrientes de los menús así como unas directrices para que la cena sea complementaria. Además, y si las instalaciones lo permiten, estos menús deberán adaptarse para aquellos alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.
Del mismo modo, los responsables de supervisar los menús escolares serán profesionales acreditados en las áreas de Nutrición Humana y Dietética, con el objetivo de que la «oferta alimentaria sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos».
COLEGIOS SIN PUBLICIDAD
En lo que respecta a la publicidad de alimentos, se establece que los centros escolares estarán «libres de publicidad» salvo en aquellos casos en que las autoridades escolares y sanitarias estimen que es beneficioso para los alumnos.
Asimismo, en cuanto a la publicidad de alimentos en otros ámbitos, se ha optado por la vía de la autorregulación, mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual.
Con ello se pretende el establecimiento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años, elevando la edad del actual Código PAOS, promovido en 2005 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la autorregulación en materia de publicidad, de los 12 a los 14 años.
Además, se incorpora a las embarazadas dentro de los colectivos prioritarios en las estrategias de salud y nutrición, al tiempo que se trabajará con las oficinas de farmacia en la realización de campañas para prevenir la obesidad.
LA OBESIDAD NO PUEDE SER MOTIVO DE DISCRIMINACIÓN
Por otro lado, la ley tratará de impedir aquellas conductas que puedan resultar discriminatorias para las personas que padezcan sobrepeso u obesidad, ya que además se ha observado que «afecta en mayor medida a las clases socialmente más desfavorecidas».
Para controlar esto, se prevé la creación de un Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad.
Éste ha sido otro de los puntos con los que el Grupo Popular ha mostrado su desacuerdo, ya que consideran que «en tiempos de crisis es un gasto innecesario», ha apuntado la diputada Belén do Campo.
De hecho, los ‘populares’ habían presentado una enmienda para suprimir este observatorio y proponer que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se fusionaran en una, como sucede en Estados Unidos con la Food and Drug Administration (FDA). Ambas, sin embargo, han sido rechazadas.
Entre otros aspectos que aborda la ley, ya en el ámbito de seguridad alimentaria, se unifica la legislación para abordar de manera total la seguridad alimentaria «desde la granja hasta la mesa», ha explicado el diputado del PSOE, Alberto Fidalgo.
En este sentido, sin embargo, algunos grupos nacionalistas han lamentado «poca sensibilidad» hacia las competencias que tienen las comunidades en materia alimentaria, según ha destacado la diputada de CiU, Conxita Tarruella.
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