Las autoridades sanitarias quieren acabar con la obesidad en las aulas, la enfermedad considerada como la pandemia del siglo XXI. Y no es un asunto baladí.
Los niños cada vez están más gordos, hacen menos ejercicio físico y están apareciendo casos de diabetes a una edad que hace años era impensable. Las nuevas generaciones no presentan buenos signos de salud y la alimentación sigue siendo la asignatura que suspenden la mayoría de los alumnos.
Para intentar poner coto a esta epidemia, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de junio la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron ayer, respecto a la fecha de su puesta en marcha, que la normativa entrará en vigor en el mismo momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ahora bien, sobre la limitación de la venta de bollería y refrescos en los colegios puntualizaron que hace unos meses, en la celebración de un Consejo Interterritorial de Sanidad y donde están representadas las autonomías, «se recogía este punto y todas llegaron a un acuerdo» -entre ellas estaba la Comunitat Valenciana- para favorecer la alimentación saludable, sobre todo, en Educación Primaria.
Este acuerdo «no es de obligado cumplimiento», reconocieron las citadas fuentes, que también matizaron que aunque no sea así, al tratarse de un documento de consenso, «lo lógico es que se cumpla» y que las consellerias de Sanidad y Educación resuelvan conjuntamente. Recordaron que ya hay centros que lo están aplicando.
Desde el Ministerio añadieron que el único punto que falta por desarrollar de la ley, y que hace referencia a este apartado, es el desarrollo reglamentario sobre los niveles permitidos de cada una de estas sustancias.
Profesores de colegios e institutos de la provincia consultados aplauden la medida y confían en su puesta en marcha el próximo curso. «Está bien que lo limiten porque, en general, hay demasiadas chucherías», dicen en referencia a los productos que se venden en las cantinas. Desde palmeras de chocolates, pasando por todo tipo de variantes de patatas en bolsa y, por supuesto, gominolas, chicles y chupa-chups.
De hecho, directores de centros educativos están por la labor de que las administraciones hagan un mayor control, sobre todo, cuando la alimentación se ha convertido en una de las materias que -en mayor o menor media- todos intentan inculcar a sus alumnos «El problema es que muchos padres no tienen la misma conciencia y con algunos cuesta trabajar para que en el almuerzo no traigan refrescos ni bollicaos sino fruta o un bocadillo con el aceite de oliva de toda la vida».
Hay colegios alicantinos que han introducido el ‘día del desayuno saludable’ donde todos los estudiantes participan en el proceso. Otros apuestan diariamente por esta materia y a los alumnos los ‘premian’ si cumplen con la pirámide nutricional que les han enseñado porque, al final, «se trata de una filosofía de vida», que «tendría que ser obligatoria».
Sin embargo, pese a los pasos dados y a la voluntad que ponen en los centros, aún queda un importante trabajo. De ahí que consideren importante este tipo de leyes. El 17,7% de los menores de la Comunitat presenta unos niveles de obesidad y un 16,1%, de sobrepeso, según la Encuesta de Salud de la autonomía de 2010 recogida en el Plan de Salud de la Comunitat 2010-2013, donde también se pone de manifiesto que a medida que los niveles sociales, de estudios y de ingresos económicos disminuyen, aumenta el sobrepeso y la obesidad.
Así, en el colectivo sin estudios, el porcentaje de adultos con sobrepeso sube al 44% frente al 31% de los que tienen una carrera universitaria. Igual ocurre con la obesidad, un 7% de los licenciados y un 24% entre los que carecen de cualquier tipo de formación.
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